El alcalde de Altea, Jaume Llinares, acompañado por las portavoces del equipo de gobierno, Imma Orozco (Compromís), Verónica López (PSPV-PSOE) y Beatriu Nomdedeu (Altea amb Trellat) y el concejal de Hacienda, Pere Lloret, han comparecido ante los medios de comunicación para explicar el proceso que ha provocado la denuncia de Almudi Altea S.A. al Ayuntamiento de Altea sobre el llamado Jardín de la Argentina.
Imma Orozco, también concejala de Urbanismo, ha expuesto una descripción cronológica de los hechos. Orozco explicó que la parcela donde se ubica el parque, construido en 2002 con una inversión de 534.000 euros a través de un convenio de cesión con el Grupo Ballester, está calificada como zona verde dotacional y su uso público se debía legalizar mediante un convenio que no se firmó. Es decir, el gobierno de la época construyó un parque sobre un parcela que no era de titularidad municipal. Ante esta situación, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante condena al Ayuntamiento a restituir la posesión de los terrenos y a restituir la parcela en el estado en el que se encontraba antes de producirse la ocupación y califica la ocupación que realizó el gobierno municipal de 2002 como »ilegal». Además, el hecho de que la parcela esté calificada como zona verde de suelo dotacional implica que los propietarios podrían solicitar de inmediato su expropiación.
Ante esa situación, desde el actual equipo de gobierno se inició un proceso de negociación con la promotora para llegar a un acuerdo sobre el precio con el objetivo de conseguir el acuerdo más favorable para los intereses de los alteanos y alteanas. Debido a la diferencia de criterios respecto al precio de la parcela se ha iniciado el procedimiento para la fijación del justiprecio a través del Jurado de Expropiación.
