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En la Sesión Plenaria Ordinaria del mes de septiembre, celebrada en el día de ayer, se aprobaba con los votos favorables del PSOE, CIPAL, PP y dos de los tres ediles del BLOC, el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana referente al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Altea y la Fundación Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo. Aprobación que supone restablecer el acuerdo entre la Administración Local y dicha Fundación, que en el pasado mes de abril se aprobó rescindir. Desde el Equipo de Gobierno se ha anunciado que se seguirán buscando medidas legales que permitan acabar con este tipo de convenios de colaboración que benefician a entidades privadas como es el caso de la Fundación Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo.


Largo y tenso ha sido el debate entre el Grupo Municipal Popular, quien ha defendido la legalidad del acuerdo tomado en julio del 2005 y el resto de grupos municipales, que la ponen en duda. 
El dictamen del Consell es vinculante y preceptivo y estima que no procede declarar nulo el acuerdo de 12 de julio de 2005 por el que se apoyan las actividades de la Fundación Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo de manera anual.
La concejala de Urbanismo, Verónica López, ha defendido que, “el Consell ha dictaminado en contra de la revocación del acuerdo basándose en que no concurre vicio de nulidad de pleno derecho al tratarse de una entidad privada y no pública si bien la tramitación del expediente no se ha de detener aquí y existen otras fórmulas legales a las que podemos acogernos para no continuar sufragando el pago de unos apartamentos que nada tienen que ver con los fines culturales de la FCCSSMM”.
En ese mismo sentido se ha manifestado la portavoz nacionalista, Pepa Narbó, subrayando que “ los dictámenes del Consell son vinculantes por eso este Pleno está obligado a acatar la resolución; pero el Bloc continua pensando que la compra de la Finca Santa Bárbara fue poco transparente y es por eso que no podemos hacer otra cosa que solicitar que se busquen las vías legales oportunas para no subvencionar más a la Fundación”.
Desde Cipal, Carolina Punset también se ha posicionado a favor de buscar nuevas vías legales para anular el acuerdo por el que se subvenciona a esa entidad. “El informe del Consell sencillamete no entra en el fondo de la cuestión. No excluye que podamos estudiar otras posibilidades”, argumenta Punset, quien ha acusado al PP de haber dejado el Ayuntamiento sin recursos económicos.
Por su parte, el PP, a través del Miguel Ortiz ha calificado una vez más la compra de la Finca Santa Bárbara como uno de lo mayores logros del gobierno popular y ha acusado al Equipo de Gobierno de “convertir el tema en un asunto sospechoso”. “El Concejo Jurídico Consultivo condena su actuación y les obliga a anular los acuerdos tomados en contra de la gestión del PP en este tema. Las acusaciones que ustedes han lanzado son injustas y si el Consejo Jurídico Consultivo les hubiese dado la razón se habría anulado la compra de la Finca Santa Bárbara”, concluye el edil popular.


En el siguiente punto del Orden del Día se declaraba lesivo el convenio entre la Asociación Parroquia de San Lorenzo y el Ayuntamiento. Este era otro de los puntos tratados que más tiempo ocupó en el debate plenario. Finalmente era aprobado con los votos favorables del Equipo de Gobierno PSOE-CIPAL, Pepa Narbó y Baltasar Ripoll del BLOC; los votos en contra del PP y la abstención de Paca Sevila.
Según explicaba el edil de Hacienda, Eloy Hidalgo era necesario declarar lesivo el acuerdo para que legalmente el Ayuntamiento pueda pagar su parte correspondiente de la obra, que según acuerdo con la Diócesis de Alicante corresponde al 50% de la misma.   La aprobación del Punto supone iniciar expediente para declarar lesivo el acuerdo tomado en Junta de Gobierno en abril del 2006, por el que la Asociación Parroquia de Sant Lloreç gestionaría el proyecto. “Lo que pretendemos es liberar a la Asociación de las obligaciones que habían adquirido con la empresa constructora”, defiende Hidalgo; quien ha reiterado que desde el Equipo de Gobierno no se pretende en ningún momento cerrar la Parroquia, sino regularizar su situación”. El argumento que desde el Equipo de Gobierno se toma en consideración para declarar lesivo el acuerdo es que el Ayuntamiento no puede delegar en una asociación, la ejecución de una obra pública. Por el contrario el PP defiende que la Iglesia no es una obra pública ni un servicio básico a la población, por lo que no se puede declarar lesivo el acuerdo: “No es una encomienda de gestión porque no es competencia municipal construir iglesias. Todo el expediente está adaptado a la legislación vigente”.


Otro de los puntos del Orden del Día era la declaración de oficio de nulidad del acuerdo relativo al convenio entre el Ayuntamiento y la promotora del Plan Parcial Bellas Artes –Promociones y Finanzas-. Expediente de nulidad que se inicia el pasado mes de julio y al que el promotor presenta alegaciones que han sido desestimadas. 
Instantes antes del debate del punto, el PP presentaba un enmienda a la totalidad. Tras unos minutos de receso para que los grupos pudiesen leer la enmienda, los votos del PSOE, de Cipal y dos de los tres ediles del BLOC la desestiman. Los mismos votos que aprueban aprobar la declaración de oficio de nulidad del acuerdo. Para el Equipo de Gobierno, el Plan Parcial tiene que destinar su 10% de aprovechamiento a vivienda social y no lo hace. Para el PP no está obligado ya que le ley entra en vigor después de haber sido aprobado el Plan. En el transcurso del debate, el PSOE y el PP se han acusado mutuamente de querer paralizar la reparcelación. Según la edil socialista de Urbanismo, Verónico López, el expediente será remitido al Consell Jurídic Consultiu.


Y  finalmente se aprobaba por unanimidad la declaración de bien de interés cultural los restos del acueducto romano d’Els Arcs; con el objetivo de solicitar a la Administración Regional recursos que permitan la conservación del mismo.


 


 

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