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Los concejales del Grupo Municipal Bloc-Verds del Ayuntamiento de Altea, Baltasar Ripoll y Pepa Narbó, se oponen frontalmente a la pretensión de Altea Futura, urbanizadora del PAI Los Puentes del Algar, de recibir una compensación económica por la no ejecución de ese proyecto. En 2007, Altea Futura pagó al Ayuntamiento más de 7,5 millones de euros como adelanto por los derechos de urbanización. El 17 de marzo de 2010, la adjudicataria ha presentado un escrito al Ayuntamiento en el cual pide 14 millones de euros en compensación por los perjuicios que la paralización de este PAI le ha ocasionado.
El Bloc de Altea se opone frontalmente a que el Ayuntamiento pague ni un solo euro a la promotora, ya que el PAI Los Puentes del Algar es ilegal y nulo de pleno derecho desde el inicio de su tramitación, por ser contrario a la legislación ambiental, que protege las zonas húmedas, y por haber sido adjudicado al Grupo Ballester sin la publicidad y concurrencia obligadas. Era un acuerdo entre amigos para conseguir un gran beneficio con la reclasificación de suelo y con una adjudicación que no cumplía las exigencias de la ley de contratos de las administraciones públicas.
El agente urbanizador era perfectamente consciente de estas irregularidades e ilegalidades que afectaban al proyecto, porque desde su exposición pública, el Bloc de Altea las denunció, mediante las alegaciones y recursos presentados ante el Ayuntamiento y la Conselleria y, posteriormente, ante los tribunales de justicia. Si Altea Futura siguió con el proyecto es responsabilidad suya. Además, el Bloc cree que la empresa es también corresponsable de las ilegalidades cometidas, porque fueron sus técnicos los que redactaron un proyecto ambientalmente insostenible, y sus abogados los que lo tramitaron de una forma aprovechada e ilegal, en un caso claro de especulación urbanística.
El Bloc de Altea quiere denunciar que el PP y el PSOE fueron quienes aprobaron inicialmente este proyecto, a pesar de la irreparable destrucción del paisaje que comportaba. Si irresponsable fue el gobierno del PP que cobró más de 7 millones d’euros por anticipado de los derechos de urbanización de este PAI –dinero gastado en obras superfluas durante la campaña electoral-, no ha sido mejor el gobierno actual del PSOE-CIPAL, que durante tres años ha sido incapaz de enterrar este proyecto y de llegar a un acuerdo con el urbanizador.
Finalmente, Baltasar Ripoll y Pepa Narbó insisten en que el Bloc mantendrá la lucha jurídica contra la especulación urbanística y la destrucción de los valores ambientales en nuestro término municipal. Los concejales apuestan por la paralización definitiva del PAI y la protección del río Algar de agresiones futuras. Por ello, si es necesario, emprenderán las acciones legales pertinentes para que no se pague ni un céntimo a la empresa. Los alteanos y alteanas no son responsables de las irregularidades cometidas en este proceso. Si finalmente los tribunales de justicia dan la razón al Bloc y anulan los trámites ya aprobados e impiden la urbanización del río Algar, Altea Futura sólo podrá pedir perdón a la ciudadanía de Altea por haber intentado arrasar su huerta.

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