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El alcalde, Andrés Ripoll, ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que depure responsabilidades e investigue los posibles delitos de soborno que el Ayuntamiento de Oslo atribuye a técnicos municipales y a políticos regionales respecto a la concesión de la licencia del Centro Residencial que promueven los noruegos. El primer edil ha insistido en que los funcionarios alteanos “gozan de mi confianza” ya que “tan sólo han exigido el cumplimiento de la normativa vigente” lo que “no puede suplirse por ninguna voluntad política”. Ripoll tras conocer las declaraciones del director de la Asistencia Social de Oslo, Oyving Lonna, ha querido personarse en la Fiscalía porque “se está dañando la imagen de Altea y se está injuriando al Ayuntamiento en una campaña difamativa”. Asimismo, ha revelado que se ha actuado ahora ante dicha situación porque “Lonna ha declarado que estuvo presente en la petición de los supuestos sobornos y, hasta el momento, nadie había realizado tales afirmaciones”.
Además, el alcalde ha revelado que se ha reunido con el cónsul noruego de Benidorm quien se ha ofrecido para mediar la situación ante “las manifestaciones insidiosas contra el Ayuntamiento”. También Ripoll ha declarado que existen versiones contradictorias en el comunicado oficial emitido por el Ayuntamiento de Oslo donde manifiestan “que existen supuestos sobornos a técnicos municipales y políticos regionales y después lo desmienten en otro comunicado señalando que la conselleria ha actuado de forma correcta”. Al respecto, el alcalde ha manifestado que “no es creíble que se produzca un desliz de este tipo a nivel oficial”.
El Ayuntamiento de Oslo “todavía no ha contestado a la solicitud que enviamos donde se solicitó los datos de las personas a las que podían atribuirse la petición de sobornos o las personas que habían realizado tales afirmaciones y tampoco respondieron a la carta donde manifestábamos nuestra protesta formal por el tratamiento informativo que se había dado al asunto”, ha señalado Ripoll.
Finalmente, el alcalde ha afirmado que la concesión de la licencia para Oslo “debe de cumplir con todos los requisitos legales y si los cumple se concederá”. El proyecto noruego se trata de una construcción en la pinada de Montemolar de 5.316 metros cuadrados pero en un entorno que sólo permite los usos naturales del suelo como el agrícola, ganadero o forestal y que admite la compatibilidad de edificar viviendas unifamiliares sobre 10.000 metros cuadrados. El expediente de la construcción lo inició el Partido Popular cuando gobernaba, Miguel Ortiz, y se aprobó en Junta de Gobierno de 26 de enero de 2007.

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