El alcalde anuncia que retomará las negociaciones con Fomento para que el “impacto sea mínimo” en la localidad
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Altea contra la variante que afecta al municipio y que promueve el Ministerio de Fomento. Ante esta situación, el alcalde, Andrés Ripoll, ha informado que se retomarán las negociaciones con Fomento para “lograr la solución menos agresiva para Altea”. En este sentido, el primer edil ha afirmado que pretende que el impacto para el municipio “sea mínimo” por lo que solicita que “la afección se reduzca de 100 a 25 metros; que la rotonda de entrada y salida de la variante estén situadas encima o debajo de ella para que ocupe el menor terreno posible; esté lo más próxima posible a la autopista y que quede el mínimo terreno muerto posible entre ambas infraestructuras; y conseguir que los valores previstos de expropiación sean aceptables para los ciudadanos afectados”.
El recurso contencioso administrativo se interpuso en 2007 contra la resolución que aprobaba definitivamente el estudio informativo de la variante. El alcalde ha recordado que el consistorio planteaba que “el estudio adolecía de una exposición de las circunstancias que justificaran la declaración de interés general de las carreteras y la concepción global de su trazado” así como que “se consideraba insuficiente el contenido del Estudio de Impacto Ambiental”. Al respecto, Ripoll ha explicado que se alegó que “el estudio informativo no había tenido en cuenta la variación de las circunstancias socioeconómicas producidas en la comarca tras casi veinte años y que se trataba de un estudio sin alternativas y que no daba respuesta al problema de congestión del tráfico en Altea”. Ante esta situación, el primer edil ha remarcado que el Ayuntamiento propuso una solución “menos agresiva” para el territorio y “más barata” y que consistía en la ampliación de la AP-7 con un nuevo carril en cada sentido y con un acceso a mitad del recorrido que permitiera la conexión con el centro de Altea y Alfaz del Pí. En este punto, la Audiencia Nacional no comparte las alegaciones del consistorio ya que considera que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido y que Fomento ha respondido a las alegaciones planteadas “valorándolas razonablemente y tras el oportuno trámite de información pública teniendo en cuenta la evolución y perspectivas de futuro del tráfico rodado”.
Respecto a la alegación del Ayuntamiento sobre el Estudio de Impacto Ambiental, el alcalde ha señalado que “presentaba carencias” como “la ausencia de estudio de paisaje que permitiera la evaluación del mismo, no recogía el listado de yacimientos arqueológicos del Molino de Benimusa ni el Molino Viejo, tampoco el entramado de las infraestructuras hidráulicas de Benimusa y Mandem, no existen referencias a la posible afección del llamado pino de Picó, no se trata con suficiente detalle la afección que durante la ejecución de las obras se pueda generar sobre la vegetación de la ribera del cauce del río Algar y tampoco se justifica el impacto que se generará en la zona de la ermita de Santa Bárbara”. Sobre este punto, la sala de lo contencioso administrativo aclara que “la Declaración de Impacto Ambiental ha efectuado un examen pormenorizado de la actuación, se han tenido en cuenta las alegaciones más importantes y han sido valorados los aspectos esenciales del proyecto”. Además, se informa que se incorpora “un programa de vigilancia ambiental para el seguimiento y control de los impactos detectados, así como para la eficacia de las medidas correctoras y protectoras establecidas”. Así, a juicio de la Audiencia Nacional, Fomento ha cumplido con la tramitación legalmente prevista y desestima el recurso del Ayuntamiento contra la resolución que aprueba el expediente de Información Pública y el Estudio Informativo de la variante y la considera “ajustada a derecho”.
