- El concejal de Ciclo Hídrico de Altea se abstiene en la Junta General del Consorcio de Aguas, ante una abrupta bajada del precio del agua que ha déjate sin recursos a éste para dar una solución frente a la falta de potabilidad de agua en la Marina Baixa
El pasado 31 de enero de 2017, tuvo lugar en el Ayuntamiento de Benidorm una convocatoria extraordinaria de la Junta General del Consorcio de Aguas de la Marina Baja, en la que el punto cuarto del orden del día era: modificación del Artículo 4 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de caudales de agua a los municipios consorciados.
Este punto del orden del día venía motivado por el cambio sustancial de recursos hídricos propios disponibles en la comarca de la «Marina Baixa», porque a día de hoy disponemos de una independencia respecto a recursos acuíferos externos, más caros que los propios, con la consecuente y previsible reducción de costes para 2017 en el que el concejal de Ciclo Hídrico del Ayuntamiento de Altea, Roque Ferrer, se abstuvo porque según él: «la propuesta llevada a aprobación de la Junta, proponía una bajada del precio desde 0,49 €/m3 a 0,29€/m3 lo que dejaba una partida presupuestaria de tan sólo € 300.000 para el 2017 destinadas a inversión de obras para nuevas instalaciones, es decir, claramente insuficientes para arreglar el problema que supone la falta de potabilidad del agua que estamos sufriendo varios municipios de la comarca de la «Marina Baixa», teniendo en cuenta que una única potabilizadora completa ronda el 1.000.000 € de coste. Mientras que otra propuesta de bajada consistía en pasar de 0,49 €/m3 a 0,37 €/m3 que era más razonable porque por un lado se reducía el precio, y es lo que todo el mundo queremos, y por otro lado garantizaba una cantidad de recursos monetarios suficientes para empezar a arreglar el problema de potabilidad del agua en la comarca de la «Marina Baixa», porque el Consorcio somos todos y todas, no olvidemos que es un tema que puede afectar a la salud de la gente consumidora si se hacen determinados usos de este recurso básico cuando no es potable.
Además, el concejal de Ciclo Hídrico del Ayuntamiento de Altea le propuso al Consorcio que:
«Debido a su amplia experiencia en la gestión del agua en la comarca de la «Marina Baixa» que tirara mano del histórico de precios de los últimos 40 años y hiciera el estudio estadístico pertinente con el fin de estimar un precio lo más estable posible, es decir, evitar así una fluctuación de más de 20 céntimos de €uro en función del volumen de los recursos propios dentro del sistema hidráulico del Consorcio o de si hay que adquirir recursos exógenos al mismo. Porque, por un lado, esta inestabilidad del precio genera un problema en el equilibrio económico-financiero entre gestores de agua municipales y los ayuntamientos, y por otro lado, con un precio estabilizado nos podemos permitir establecer unos canon que destine recursos a renovar las infraestructuras obsoletas o construir otras nuevas necesarias para mejorar el servicio o incluso disponer de una partida de contingencias como propuso el propio Consorcio para poder arreglar problemas sobrevenidos, todo esto sin la necesidad de tener que recurrir a préstamos bancarios, con lo cual te ahorras los futuribles intereses y ganamos en eficiencia debido a la gestión comarcal de las grandes infraestructuras como es ésta del agua en la «Marina Baixa».
Por eso le recordé al Consorcio de Aguas de la «Marina Baixa» que empezando por sus estatutos de 2015 donde dice que debe hacerse cargo de la gestión y explotación de las estaciones potabilizadoras municipales o mancomunadas, pasando por el informe de 2011 del Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica, que apunta directamente al Consorcio de Aguas de la «Marina Baixa» diciéndole que es el responsable del control y potabilidad del agua o terminando por el Tribunal Supremo, que a través de una sentencia de 2015 dicta que, los gestores de agua en alta, es decir el consorcio, tienen como actividad principal el tratamiento de la potabilización, lo cual invalida jurídicamente su argumento de que la Junta decidió en previo a las fechas señaladas anteriormente que cada municipio de manera independiente asumía la potabilización del agua.
Por último, añadiéndole a la anterior, en el caso de Altea tenemos una particularidad que reside en que las relaciones entre el gestor de aguas municipal y el Ayuntamiento no son cordiales, entre otras cosas porque las obras de inversión encomendadas por el último no gozan de precios de mercado, ya hemos visto en la última obra hídrica del calles Gabriel Miró y Adolfo Quiles que los precios ofrecidos por Aguas de Altea se disparan un 320% respecto al precio de mercado, con el consecuente bloqueo de dinero que lleva a cabo la concesionaria Aguas de Altea conjugado con que el Ayuntamiento hoy no tiene riñón para invertir lo que cuesta una potabilizadora que ronda € 1.000.000, por lo tanto, se nos posiciona en la tesitura de acceder al chantaje o no hacer obras de inversión hasta que pongamos en marcha una solución ya prevista para revertir la situación y disponer de capital, aunque nos llevará unos meses llevarla a cabo».
