La popular, Vanesa Romero entró en el día de ayer a formar parte de la Corporación Municipal en sustitución de Jacinto Mulet, quien hace dos meses renunciaba al Acta de Concejal. El acto de toma deposesión tenía lugar al inicio de la sesión plenaria del día de ayer. Sesión en la que quedaron aprobadas dos nuevas ordenanzas municipales, una para el Uso de Zonas de Uso Público y una segunda para el Uso, Aprovechamiento y Disfrute del Litoral Municipal. También eran aprobados la suscripción de un convenio con SUMA para la inspección tributaria del ICIO; la prórroga del convenio con SUMA para la actualización de la base de datos catastral del municipio; un convenio de colaboración con la Consellería de Cultura, Educación y Deportes para la creación de una Agencia de Lectura Pública en Altea la Vella; modificación puntual del PSOEU en la zona 10, subzona 10E y en la zona 4; e inicio del expediente de declaración de oficio de nulidad del acuerdo relativo al convenio entre el Ayuntamiento y la mercantil Promociones y Finanzas SL
Unas cuatro horas tardaba la Corporación Municipal en aprobar los 10 puntos con los que contaba el Orden del Día del Pleno. Puntos que se prestaron, en alguno de los casos, a un extenso debate por parte del Gobierno del PSOE y la Oposición del PP. Tras la aprobación de las actas de sesiones anteriores, fue la aprobación de dos nuevas Ordenanzas Municipales para el uso de zonas públicas, como son las Zonas de Uso Público –plazas, aceras, etc- y el Litoral Municipal los puntos a tratar. Puntos que quedaron aprobados con los votos favorables por 11 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención en el primero de los casos y por 12 votos a favor y 9 en contra en el caso de la Ordenanza para el Uso y Disfrute del Litoral Municipal. Si bien la totalidad de grupos que forman la Corporación estuvieron de acuerdo en la necesidad de regular el uso de los citados espacios, por parte del PP se solicitó el dejar las ordenanzas sobre la mesa por considerarlas incompletas y para pulsar, antes de su aprobación, la opinión de los afectados en el caso de la primera de las ordenanzas, el uso de los Espacios Públicos; una ordenanza que regula la actividad comercial en espacios públicos. El PP considera que no es el momento para la entrada en vigor de la ordenanza, ya que la implantación de la misma supone que los empresarios tengan que destinar un dinero para la uniformidad de imagen de los elementos que ubica en zona pública. Desde el PSOE, Santiago Ronda comentaba que la ordenanza tardará a un año en ponerse en marcha y además, “desde el Consistorio prestaremos toda la ayuda necesaria a los comercios para que puedan adaptar a la normativa la ocupación que hacen de un espacio público”.
En el punto número 4, se aprobaba un convenio de colaboración entre SUMA y el Ayuntamiento para delegación de la inspección tributaria del ICIO, Impuesto sobre Actividades y Obras. Punto que era defendido por el Concejal de Hacienda, Eloy Hidalgo, quien remarcó la necesidad de que “exista justicia impositiva”. Hidalgo explicaba que “SUMA sólo cobrará la parte que le toca si verifica que hubo diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado”. “Se trata de intentar detectar una omisión de contribución e intentar solucionarla”, añadía el edil socialista. Postura opuesta la del PP, que a través de su recién incorporada concejal Vanesa Romero, calificaba la revisión como una subida del impuesto encubierta. Tanto el BLOC como CIPAL defendieron la medida y la calificaron como de “justicia social”.
El punto 5 era probado por unanimidad y en el se prorrogaba por espacio de 3 meses más el convenio existente entre el Ayuntamiento y SUMA para la revisión catastral. También el punto 6 contó con la aprobación unánime de los grupos políticos que consideran esencial que Altea la Vella disponga de un espacio público de lectura. Un espacio que fue inaugurado hace unas semanas y que se pretende convertir en una Agencia de Lectura Pública, mediante la firma de un convenio con la Consellería de Cultura, Educación y Deporte.
En el punto 7 quedaba aprobada la modificación puntual del PGOU de Altea relativo a la eliminación de la tipología Bloque en la zona 10 –residencial extensiva-; subzona 10E y de la tipología en fila en la zona 4 –residencial en núcleos-. “Con esta medida vamos a evitar el apantallamiento en Foieta, Sant Xoxim y Las Galeras”, apuntaba la Portavoz del PSOE y concejala de Urbanismo, Verónica López.
Era en el siguiente punto, el 8, donde el debate se intensificaba. El punto hacía referencia al inicio de expediente de declaración de oficio de nulidad del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en fecha 23 de diciembre de 2004, relativo al convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la mercantil Promociones y Finanzas SL para la ejecución de diversas obras municipales. Según apuntaba la edil de Urbanismo, Verónica López, “al Ayuntamiento le correspondía el 10% del valor correspondiente del suelo en dicha zona donde se podían construir Viviendas de Protección Oficial y que el grupo popular cambió por el pago de diversas facturas que abonó el urbanizador”. López explicaba: López ha explicado que existen obras y proyectos donde el PP “se ha saltado los procedimientos de control y contratación de las Administraciones Públicas ya que no sabemos si se ha elegido la empresa más barata para realizar estos trabajos porque no se realizaron informes al respecto ni tampoco existen otros presupuestos”. Críticas a las que el PP respondía indicando que ésta es la forma de financiación que tienen la mayoría de ayuntamientos. “La venta de patrimonio es usual y también en los presupuestos que han aprobado este año se contempla venta de patrimonio para afrontar el gasto corriente del Ayuntamiento”, contestaba la Portavoz del PP Anabel Zaragoza. Finalmente el punto quedaba aprobado con los votos del Equipo de Gobierno PSOE-CIPAL y Bloc y los votos en contra del PP.
En cuanto al punto 9, una moción presentada por el Grupo Municipal Popular sobre el modelo de financiación territorial, ésta quedaba anulada por la presentación de una enmienda a la totalidad presentada por el BLOC y respaldada por el PSOE. Si en algo coincidieron la totalidad de grupos fue en la necesidad de que se cambie el modelo de financiación por resultar perjudicial para la Comunidad Valenciana; ya que este no contempla la revisión poblacional y que en el caso de esta comunidad ha aumentado en 1 millón de ciudadanos. Si el PP solicitaba en su moción una revisión de la Ley y la solicitud al Gobierno Central de que abone 500 millones de euros a la CV para temas sanitarios, sociales y educativos, la enmienda del BLOC sólo contemplaba la revisión del modelo de financiación.
Y el décimo y último punto, aprobaba por unanimidad una moción presentada por CIPAL en la que se solicitaba la declaración del municipio de Altea como zona libre de transgénicos.
