La propuesta ya había contaba con el visto bueno del Consejo de Inclusión Social.
En la mañana de hoy, la Sesión Plenaria Ordinaria del presente mes de julio ha aprobado de forma provisional, con el voto favorable de los cuatro grupos políticos que conforman la Corporación Municipal, la Ordenanza Municipal que regula la concesión de ayudas a la urgencia social y desprotección.
La propuesta, ya contaba con el respaldo del Consejo Local de Inclusión Social, presidido por la edil de Bienestar Social, Anna Lanuza y compuesto por asociaciones de carácter social, representantes ciudadanos, partidos políticos, Policía Local y representantes de las áreas de Bienestar Social, Empleo, Juventud, Urbanismo, Cultura y Seguridad Ciudadana.
Con esta aprobación se adapta la ordenanza municipal a las novedades legislativas vigentes en materia de inclusión social, que tienen como eje principal el otorgamiento de ayudas a las personas más vulnerables, como puedan ser mayores; personas en riesgo de exclusión social y económica; personas con diversidad funcional; personas que padecen violencia de género; familias monoparentales, monomarentales y numerosas; así como cualquier persona que cumpla los requisitos que se solicitan a la hora de tramitar las mencionadas ayudas.
“Las ayudas que se incluyen en esta ordenanza ya venían tramitándose y otorgándose desde hace tiempo, pero ahora con la adaptación de la ordenanza al marco vigente, las prestaciones quedarán blindadas, dando así un paso más en la protección a las personas más vulnerables”. Ha apuntado la responsable municipal de Bienestar, quien ha explicado que “se trata de ayudas económicas que pueden ser puntuales o periódicas y que pretenden actuar con la máxima celeridad en casos de urgencia social; problemas socio sanitarios y en casos de necesidad básica, al tiempo que mejoran la calidad de vida y autonomía de quien esté en una situación de exclusión social o vulnerabilidad”.
“Conceder prestaciones económicas no son un acto de limosna, si no de solidaridad, de apoyo, mientras se ofrecen los recursos y oportunidades necesarias para que la persona que las demanda pueda hacer frente a la situación de emergencia que atraviesa; de modo que se estimula la inclusión laboral, social y económica”. Ha declarado Lanuza durante la defensa de este punto del Orden del Día.
En cuanto a las ayudas nuevas que contempla la modificación de la Ordenanza Reguladora de Prestación de Ayudas de Emergencia Social y Desprotección se pueden encontrar ayudas para los menores escolarizados en Altea; ayudas para personas con necesidades especiales, destinadas a cubrir los gastos de dentista, oculista o audífonos, entre otras, como ayudas al alquiler y ayudas a los suministros energéticos, que ya recogía la ordenanza ahora modificada.
“Las ayudas que se pueden prestar recogen un conjunto de intervenciones de carácter temporal o permanente y van dirigidas a la prevención, diagnóstico y programas de atención primaria básica de la atención social, promoción de la autonomía y la inclusión social”. Ha puntualizado Lanuza, quien matiza que “por otra parte, encontramos las ayudas económicas que comprenden las entregas dinerarias de carácter puntual o periódico destinadas a mejorar la calidad de vida y autonomía así como la atención inmediata a situaciones de urgencia, situaciones socio sanitarias o frente a la carencia de necesidades básicas”.
Para la responsable municipal de Bienestar Social, “lo más destacable de las nuevas ayudas que incluye la ordenanza son las destinadas al apoyo de inicio escolar; ayudas a la vivienda que contemplan reparaciones, alquiler o hipoteca; ayuda para hacer frente a los gastos de suministros energéticos; subvenciones para las reformas para adaptar hogares a las necesidades de personas mayores; desplazamientos; atención y ayuda en tramites documentales o judiciales o paliar la brecha digital”.
Ana Lanuza ha querido dejar constancia de que Altea es municipio pionero en modificar un plan de atención individualizado para cada demandante de las ayudas nombradas, así como las modificaciones en el IPREM en cuanto a unidades familiares, diversidad funcional, familias acogedoras, monoparentales y numerosas y personas ex titulares de Renta Valenciana para poder dar cobertura a las necesidades reales de la ciudadanía de manera más ecuánime”.
La edil de Bienestar Social ha concluido su intervención adelantando que “los siguientes pasos son la exposición pública por un periodo de 30 días y la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza para poder abordar el conjunto de prestaciones del sistema público valenciano en materia de servicios sociales y dar cobertura a las necesidades básicas de las personas que lo necesitan.
