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Imma Orozco: »El anterior equipo de gobierno PP-CIPAL era conocedor de dos informes que no tramitó».

El pasado domingo 3 de junio se produjo el desprendimiento de parte de la pared medianera del inmueble de propiedad municipal situado en la calle La Sèquia 82. Desde 1992 esta vivienda está habitada por una familia usuaria de Bienestar Social.

A raíz de los acontecimientos, el arquitecto técnico municipal realizó un informe donde establecía las actuaciones a realizar, que pasan por retirar el material del tejado vecino, arreglar los desperfectos que haya podido causar en ella y volver a tabicar. Desde el punto de vista técnico, no se aprecia ningún riesgo añadido ya que lo que ha ocurrido no afecta la estructura de la casa.

De manera inmediata, la responsable del área de Urbanismo, Imma Orozco, solicitó a los técnicos si existía algún informe previo respecto de la situación de la edificación. Ante esto, y para su sorpresa, le trasladan que, efectivamente, se ha informado en varias ocasiones al respecto. En concreto, existe un informe de octubre de 2010 donde se habla de las condiciones de habitabilidad, aunque es cierto que no aparece el concepto de ruina. »Lo realmente grave es la existencia de dos informes, en concreto de octubre de 2011 y de diciembre de 2012, solicitados por la anterior concejala de Urbanismo, Carolina Punset, que, por lo que se ha podido comprobar, no continuaron su tramitación legal y deseable», explicaba la concejala.

Ante esto, Orozco ha iniciado un expediente para incluir toda la documentación que se encontraba guardada -y de la que tenían conocimiento tanto de la concejala de Urbanismo como el concejal de Bienestar Social- con el fin de poder clarificar la situación y proceder a la declaración de ruina, tal como indican los informes técnicos.

En palabras de la concejala «nos encontramos ante una cuestión muy delicada y grave porque estamos hablando de una propiedad municipal donde habitan personas. Espero tener más información para entender por qué estos informes se quedaron en el cajón y no provocaron una resolución pero dudo de que haya una justificación plausible». Orozco se muestra prudente pero explica que «considero una irresponsabilidad no haber dado curso a estos informes y por eso he firmado la declaración de ruina en el sentido que apuntaban los dos informes que se emitieron en la legislatura anterior y que, inexplicablemente e irresponsablemente, no tramitó el anterior gobierno PP-CIPAL».

Por último, Imma Orozco señala que «trasladé la situación al concejal de Bienestar Social, Diego Martínez, que ya ha dado una solución a la situación de las personas que habitan el inmueble y lo han de abandonar. Tanto él como yo asumimos que nuestro trabajo es resolver problemas, no aparcar de manera irresponsable con las posibles y gravísimas consecuencias que ello habría podido tener’’.

 

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