El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha revocado la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Núm. 4 de Alicante, que condenaba al Ayuntamiento al pago de un total de 12,274.000 € por la resolución de la adjudicación del PAI del Río.
Aunque la sentencia no es firme y es susceptible de recurso de casación al Tribunal Supremo, lo que significa en la práctica para los alteanos es que no tendrán que hacer frente a los 4,7 millones de euros que Altea Futura pretendía cobrar por gastos de elaboración de proyecto, financieros, intereses y otros conceptos. Por lo tanto, en el peor de los casos, se deberá devolver las cantidades aportadas por el promotor, que suman 7,7 millones de Euros.
Para el concejal de Hacienda, Pere Lloret, «es una noticia magnífica. El fruto de un trabajo excelente de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento a los que quiero felicitar en nombre del Equipo de Gobierno. Esta decisión del TSJ aligera en casi cinco millones de euros la previsión de la carga que nos tocaba soportar y plantea un escenario mucho más optimista para los próximos años. Sin embargo, no nos olvidemos que habrá que devolver, con casi toda seguridad, los 7.700.000 €».
En ese sentido, la concejala de Urbanismo, Imma Orozco, ha recordado que «el PAI» Los Puentes del Algar «fue definitivamente anulado por el TSJ en mayo de 2013 pero todavía sufrimos las consecuencias de la irresponsabilidad en la gestión urbanística del gobierno del PP, que promovió una modificación puntual del Plan General en uno de los espacios más sensibles de nuestro término en lugar de trabajar para impulsar sectores de crecimiento natural como Pontet o Foieta».
Esta sentencia, explica, «supone una muy buena noticia para los alteanos y alteanas, que no tendremos que pagar 4,7 millones de euros pero no debemos olvidar que el posible agravio sigue siendo importante. Además de los 7,7 millones aportados por el promotor y que previsiblemente se deberán devolver, el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente a trece contenciosos, ocho de los cuales siguen abiertos, y algunos con reclamaciones que llegan a los 30 millones de euros. Esa es la lamentable herencia que recibimos en gestión urbanística».
