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La regulación del espacio público es una cuestión que no se puede abordar desde un solo punto de vista puesto que, de lo contrario, se estaría vulnerando el derecho de alguna de las partes implicadas en su uso. El hecho que la legislación permita el uso privativo de este espacio no implica que este se pueda hacer de cualquier manera.

En el caso de Altea, existe una ordenanza reguladora que, a pesar de que mejorable, asegura los principios básicos de la convivencia entre ese uso público y privado –un uso público que, no olvidamos, se tiene que poder hacer en igualdad de condiciones porque todas las personas, independientemente de su funcionalidad, tienen derecho a llegar allá donde desean sin encontrar obstáculos.

Ante la situación de absoluto caos encontrada por el actual equipo de gobierno y el clamor mayoritario de la sociedad alteana, la necesidad de tomar medidas que aseguraron esa convivencia era evidente. Tanto era así que uno de los puntos del Pacto subscrito por los grupos del equipo de gobierno planteaba esta cuestión. Por eso, ya en de Semana Santa se informó los negocios de hostelería y al resto de comercios que utilizan el espacio público que al pasar esa época y empezar a tramitarse las nuevas licencias se tendría que aplicar la normativa vigente. Entendemos que después de tantos años de permisividad y falta de los controles pertinentes por parte de la administración en la aplicación de la normativa, la medida pueda chocar en una parte del sector pero la responsabilidad de velar por el interés general tiene que prevalecer sobre la particularidad en todo momento y la radicalización de los argumentos no aporta nada de positivo a este debate que no debe de partir de otra premisa que no sea la de asegurar ese interés general.

Desde el equipo de gobierno se reconoce que la tramitación administrativa ha sido más lenta del deseable pero, lamentablemente, afrontar cambios para introducir mejoras con el mismo número de personal disponible implica un sobreesfuerzo que, en este caso, se ha traducido en un inevitable retraso a la hora de estudiar, resolver y efectuar las notificaciones. Sin embargo, desde el equipo de gobierno se está absolutamente convencidos que una imagen ordenada –sea cual sea la época en que se inicio su regulación- repercutirá positivamente en los ingresos del sector porque el objetivo no es perjudicar nadie sino beneficiar el conjunto de la sociedad alteana y buscar vías de consenso siempre que sea posible.

Conscientes que ese consenso será el único garante de la efectividad de la regulación, el equipo de gobierno propone un Pacto Cívico por la Convivencia y la Accesibilidad, donde se implico toda la sociedad y que aseguro que la regulación del espacio público respeta todos los usos legítimos. Este pacto contempla una serie de medidas, la más importante de las cuales es la creación de una mesa de trabajo permanente con representación de la hostelería y el comercio, las asociaciones de vecinos, cívicas y aquellas que trabajan en el campo de la diversidad funcional que iniciará su camino con la suscripción de este Pacto.

Mientras se desarrollan estas medidas, hace falta, como ya se informó, continuar respetando la normativa vigente. Esto se asegurará a través de la vigilancia, con una primera inspección informativa que concluirá ineludiblemente con una comprobación que implicará, en caso de contravenir la norma y/o la licencia concedida, la aplicación de los supuestos descritos en el ordenanza.

El Pacto por la Convivencia y la Accesibilidad recogerá cuestiones fundamentales para ordenar el espacio público cómo es regular las zonas de uso privativo con la preceptiva señalización; tener visible un plano donde se plasmo la autorización; hacer uso de la figura del Mediador, ya existente, a través del Colegios Oficiales autorizados; crear certificados de convivencia, que pulsaban aquellos locales que cumplen; trabajar las diferentes zonas de acuerdo con sus particularidades con un factor de ponderación por zonas; conocer el impacto económico en las plantillas y, por lo tanto, en el pueblo en general o formar el personal del Ayuntamiento implicado en la regulación del espacio público.

Desde el equipo de gobierno aseguran que “la regulación del espacio partiendo de la base de la convivencia y la accesibilidad nos permitirá tener un modelo turístico definido, inclusivo y vinculado a la calidad que no tiene por qué implicar una minoración de los ingresos del sector y que asegurará el derecho a su uso en condiciones de igualdad”.

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