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Más de 300 alcaldes y alcaldesas del
País Valencià suscriben un manifiesto por una financiación justa impulsado por
la Generalitat
Más de 300 alcaldes i alcaldesas de
localidades del País Valencià suscribieron el pasado sábado, 23 de abril, en
Valencia un manifiesto por una financiación justa impulsado por la Generalitat
Valenciana en el que se exige una reforma inmediata del sistema con efectos a
partir de enero de 2014, el reconocimiento de un déficit acumulado cifrado en
al menos 12.433 millones de euros y la ejecución de inversiones estatales
equiparables al peso poblacional del territorio valenciano.
El presidente Ximo Puig, durante su
intervención, insistió en que estas exigencias tienen como objetivo acabar con
el vigente modelo de financiación autonómica «que nos mantiene a la
cola de España» en gasto por habitante, para que los valencianos «puedan
tener las mismas oportunidades que el resto de habitantes españoles, activar
nuestras potencialidades para acelerar el cambio de modelo productivo y
conseguir un objetivo irrenunciable, el derecho del trabajo para todos».
Ximo Puig hacía mención a los ayuntamientos y señalaba »es la hora de los
ayuntamientos. Cuando las ciudades y pueblos valencianos activan detrás de un
objetivo compartido, nuestra sociedad es imparable».
Altea también estuvo representada en
este acto con la presencia del alcalde de la localidad, Jaume Llinares, que
destacaba la importancia de apoyar el manifiesto dada la gravedad de las cifras
económicas de las que se trata, »compartimos plenamente el contenido
político del acto al respecto de una financiación injusta que está ahogando a
los valencianos en su crecimiento y hay que remarcar, añadía el alcalde,
los más de 300 ayuntamientos de todos los signos políticos que han estado
presentes dando su apoyo al manifiesto».
Según el alcalde de Altea, el encuentro
demostró la fuerza del municipalismo y supuso »la reivindicación de una
deuda histórica y una injusticia que, año tras año, sufrimos todos los
valencianos en los presupuestos». En este sentido, Jaume Llinares añadía »los
valencianos no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que ningún otro
ciudadano del Estado Español, sin una financiación justa dejamos de tener
autogobierno, y la falta que esto supone en Educación, Sanidad y Derechos
Sociales. Y somos los ciudadanos los que lo sufrimos, precisamente porque no
contamos con una financiación justa. Lo que este manifiesto defiende es
la reforma del sistema de financiación autonómica, lo que supondrá mejoras para
nuestros ayuntamientos y para nuestro sistema social».
Siguiendo esta misma línea, la
vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, recordaba ante los alcaldes
presentes que el País Valencià «es una anomalía democrática en el
conjunto del estado porque, a pesar de ser una comunidad pobre, paga como una
rica y la financiación que recibe nuestro territorio no cumple con la
Constitución porque impide cumplir las obligaciones políticas, que son la
garantía de los derechos de las personas».
