Ante la nota de prensa que ha emitido el PP, donde acusa al alcalde de Altea, Jaume Llinares, de fragmentar un contrato en diferentes contratos menores, desde el equipo de gobierno han explicado el procedimiento que se ha seguido para realizar la contratación de los servicios de mantenimiento de la climatización de edificios municipales, mantenimiento del grupo de presión y BIE del Palau d’Esports, mantenimiento de la instalación del agua caliente sanitaria y calderas de los edificios municipales y mantenimiento de la climatización de los centros de salud.
El proceso ha sido llevado a cabo por los técnicos municipales en todo momento, sin que ninguno de ellos haya advertido de ninguna irregularidad, ya que ha sido impecable desde todos los puntos de vista porque se trata de servicios diferentes que no tienen por qué ser adjudicados en un contrato global, de hecho los diferentes contratos se pagan de partidas presupuestarias distintas como venía haciéndose en la pasada legislatura. Además, el concejal de Infraestructuras, Roque Ferrer, al que Barber acusa de adjudicar uno de los contratos a un familiar, firmó una moción de abstención en este expediente, en el que no ha tenido ninguna capacidad de decisión porque, afortunadamente, la ley no es discriminatoria como el PP y permite contratar a cualquier empresa siempre y cuando se garantice la independencia de las personas que intervienen.
Para el alcalde de Altea, la única explicación que cabe para esta crítica de Barber es que en el PP no entienden que desde el Ayuntamiento se intente que trabaje el mayor número de empresas posible para crear competencia entre ellas y que la oferta sea lo más barata posible ofreciendo el mismo servicio. De esa manera, los vecinos de Altea consiguen más servicio pagando los mismos impuestos. De hecho, los contratos correspondientes a estos servicios que se hicieron el año pasado cuando gobernaba el PP se adjudicaron a dedo, sin ningún tipo de procedimiento que asegurara la libre competencia y concurrencia. «En este pueblo estábamos demasiado acostumbrados a que siempre trabajaran los mismos. Tenemos casos de auténtico monopolio de ciertas empresas y tenemos claro que esto se tiene que acabar y por ello se abre el proceso».
«El hecho grave es que el PP adjudicaba directamente todos estos contratos a dedo siempre a una misma empresa», según explica Llinares. Al contrario, «nuestra intención es siempre que todas las empresas que estén interesadas puedan optar a las adjudicaciones de los diferentes servicios». Además, hay que remarcar que esto ha supuesto un ahorro de 6.131,70 euros, ya que en 2015 se adjudicaron a todos estos servicios a una sola empresa por un importe de 29.400 euros, mientras este año ha sido de 23.268,30 euros y han trabajado tres empresas diferentes.
«El PP está pegando palos de ciego, intentando desviar la atención de su mala gestión, la que ha causado una deuda de cerca de 40 millones de euros al Ayuntamiento de Altea. Nosotros estamos haciendo frente a esa herencia, impulsando procesos como éste, en el que el ahorro para el pueblo de Altea será de un 21% respecto del año pasado».
En los siguientes enlaces puedes consultar los diferentes decretos a los que se hace referencia en la nota:
