- 20 millones de deuda bancaria, 16 en sentencias firmes y 4 en obligaciones pendientes del PP suman 40 millones de deuda, 1711,26 €/habitante.
El
alcalde de Altea, Jaume Llinares y Pere Lloret, concejal de Hacienda, han
comparecido en rueda de prensa para informar sobre la situación económica del Ayuntamiento
de Altea; a los que han acompañado las portavoces de los grupos políticos del
equipo de gobierno, Imma Orozco, Verónica López y Beatriu Nomdedeu.
Como ha manifestado el edil de Hacienda, ‘’la
situación actual del Ayuntamiento de Altea tiene, desgraciadamente, un
protagonista principal: la deuda. Nos encontramos en un contexto normativo
dirigido a reducir el endeudamiento como objetivo prioritario sobre cualquier
otra consideración. Por tanto, si, como es el caso, sobrepasamos los límites
fijados como tolerables, las posibilidades de acción del gobierno municipal (al
fin y al cabo, las posibilidades de mejorar el entorno y la calidad de vida de
los alteanos) se ven seriamente limitadas. El endeudamiento heredado nos
paraliza».
El concejal ha explicado la situación de
las cifras de la deuda bancaria que, al cierre de 2015, es la siguiente:
Capital pendiente préstamos Ayuntamiento:
18.665.332,21 €
Capital pendiente préstamos Empresa
Pública: 1.539.885,54 €
Póliza de crédito Empresa Pública (corto
plazo): 200.000,00 €
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA:
20.405.217,75
€
Según el concejal, por lo que corresponde
al Ayuntamiento, la parte más importante tiene que ver con los préstamos
concertados en 2012 (por un capital inicial de 14,7 millones) y 2013 (capital
inicial: 815.000 euros) para liquidar a los proveedores, acogiéndose al
mecanismo establecido por el Ministerio de Hacienda para hacer viable el pago
de la deuda comercial de los ayuntamientos y comunidades autónomas.
Pere Lloret ha explicado también la
situación económica respecto a la Empresa Pública, en la que la deuda se
compone de dos préstamos hipotecarios. Uno de ellos, por la adquisición de la
Finca Santa Bárbara (formalizado en el año 2005 por 2.164.000 euros y con
un capital pendiente por amortizar de 1.469.000 €) y el otro, con 70.800 €
pendientes, por financiar obras en la calle Santa Teresa.
La Empresa Pública es, además, titular de
una operación de crédito de 200.000 € para gestionar sus necesidades de liquidez.
Los pasivos contingentes
‘’Las cifras actualizadas de la deuda
bancaria, a pesar de su contundencia, no nos permiten una visión completa de la
situación’’, indicaba
Lloret. ‘’Hay que tener en cuenta, y más en nuestro caso, los «pasivos
contingentes», es decir, las obligaciones a las que se deberá hacer frente
en un futuro próximo. Para entendernos, sentencias judiciales que tocará
satisfacer’’, explicaba el edil.
Por su importancia económica y la alta
probabilidad de que se produzca este año una sentencia condenatoria definitiva,
tres contenciosos encabezan la lista:
– PAI del río: Altea Futura, S.L.
reclamación de 12.274.756,82 €. Sentencia favorable a la mercantil
demandante, apelada ante el TSJ. Se tramita actualmente la solicitud por parte
de Altea Futura de ejecución provisional parcial de la sentencia, por una
cantidad de 7.710.898,65 €.
– Palacio de los Deportes: UTE
Agricultores de la Vega. La sentencia, de diciembre de 2011, condenaba al
Ayuntamiento a pagar el principal más intereses. Tan sólo se hizo el pago del
principal. Cantidad inicialmente reclamada por la UTE: 1.129.678,51 €. El
Juzgado estima las alegaciones del Ayuntamiento en torno a la liquidación de
intereses y el importe queda reducido a 1.049.160,39 €. Como ha
explicado el concejal de Hacienda, ‘’esta fue la sorpresa de 2015, y nos
enteramos con los presupuestos ya elaborados. Evidentemente, sin ninguna
previsión presupuestaria, estamos valorando las posibles alternativas para
hacerle frente y sus repercusiones».
– FCC Medio Ambiente, S.A. La cantidad
total reclamada asciende a 1.562.703,10 € más intereses. Existe
sentencia condenando al pago. En la actualidad, en apelación al TSJ.
Estas tres sentencias por sí solas
incrementarían la deuda en 15 millones de euros (14.886.000 €, para ser
más precisos).
Se puede establecer un segundo grupo de
contenciosos, con una repercusión económica no tan importante como las del
primer grupo, y con un mayor grado de incertidumbre cuando el tiempo o el
sentido de las resoluciones, explicó también Lloret.
– Monver Inmobiliaria, S.L.: 325.276,77
€. Responsabilidad patrimonial por la resolución del PAI Sierra Alta del PP
Alhama Springs.
– UTE AGUAS DE ALTEA: Consta recurso
contra el pago del canon variable 3ª pasada de la facturación de 2015: 81.309,08
€
– También en materia de agua, varios
contenciosos con el Ayuntamiento de Callosa, relacionados con la urbanización
Santa Clara , por una cuantía económica objeto de discusión de unos 176.000
€
– Jardín de la Argentina. Almudi Altea,
S.L. reclama 310.710 € (excluidos intereses y costes).
– Responsabilidad patrimonial, varios
contenciosos por los que se estima necesario hacer una provisión alrededor de 300.000,00
€
– Otros que, a fecha de hoy, no
disponemos de estimaciones económicas: resolución contractual de las obras de
la guardería, conflictos relacionados con expedientes de expropiación, un
segundo recurso al jardín de la Argentina …
Pere Lloret, añadió que habría que hacer
un apartado de asuntos varios, entre los que estarían incluidos los que, de
momento, no tienen ningún recorrido judicial y por tanto no caben dentro de la
categoría de pasivos contingentes. Dos son los puntos más destacables:
– La situación y las reclamaciones
planteadas por empresas concesionarias (U.T.E. Aguas de Altea, Asterita
Inversiones y Parking Altea) alrededor de su rendimiento económico. La
concesionaria del agua tiene un desequilibrio reconocido por un plenario de
julio de 2014 de 1.437.000 €. Su incidencia económica es difícil de
valorar en estos momentos, donde nos encontramos en un escenario de
negociación.
– Caixa Rural Altea solicita el
reconocimiento de la deuda originada por las operaciones de compraventa y
permuta relacionadas con la ampliación de la Plaza del Convento. Las cantidades
reclamadas suman 384.985,12 €.
Para concluir, Pere Lloret ha declarado
que »las cifras y los contenciosos presentados no son el fruto de la mala
suerte. Son la consecuencia de una gestión y tienen unos responsables. Plantean
cuestiones sobre las prioridades, intereses, condicionantes, políticas, etc.
que nos han llevado hasta aquí. Sin embargo, toda esta información no pretende
entrar en la valoración ni en el análisis detallado de cada caso. Su objeto es
concienciar a la ciudadanía de la dimensión cuantitativa del problema, que
tendrá hipotecadas las posibilidades de desarrollo de proyectos durante la
próxima década».
