El equipo de gobierno actual hereda de la época PP-CIPAL un
problema con el carril bici que se agrava en la zona sur de la nueva playa en
el frente litoral. Ahí el carril bici cruza por en medio de las terrazas de
determinadas actividades hosteleras. Esto, de entrada, supone un problema de
seguridad que afecta a los camareros y ciclistas que necesariamente coinciden cruzando
por el mismo lugar, lo que supone con elevada probabilidad la consecución de
accidentes. De hecho, es tal el peligro que en años anteriores el carril bici
ha sido cerrado al paso de bicicletas en periodo estival para evitar esa
situación.
El trabajo que se ha hecho estos últimos meses ha sido informar desde el primer
momento a través de las reuniones mantenidas entre concejal y hosteleros sobre
la situación de sobreocupación de la vía pública con exceso de mesas, sillas,
sombrillas anclados al suelo y cartelería, todo prohibido por la actual
ordenanza reguladora de ocupación de la vía pública. Después de ese proceso
informativo, se transmitió a la policía por escrito la situación para que
tomara medidas en aquellos casos en que la situación continuaba siendo de
ocupación excesiva de la vía pública. El trabajo de la policía constará de dos
fases, la primera de nuevo informativa y la segunda ejecutiva. La intención del
equipo de gobierno no es utilizar medidas sancionadoras para no perjudicarlos
económicamente, pero deben ser conscientes de que tienen la obligación de
ajustarse a la ordenanza.
El concejal del área, Roque Ferrer, ha mantenido a lo largo de estos meses de
responsabilidad varias reuniones con los hosteleros de la zona, tanto de forma
conjunta como individual para exponer estas cuestiones. Cuando esta semana
algunos de los hosteleros acudieron al Ayuntamiento -aunque ya se les había
confirmado una reunión el próximo jueves-, el concejal del área se encontraba
en ese momento atendiendo a otra reunión, se les indicó que se esperaran a
finalizar la reunión, pero no lo hicieron. Sólo por ese motivo no se les pudo
atender.
Los
hosteleros se resisten a perder una concesión otorgada por el gobierno del
PP-CIPAL, que se escapa de la regulación de la ordenanza vigente, pero que el
área de Infraestructuras está dispuesta a reconducir para garantizar por un
lado la seguridad tanto los empleados que trabajan sobre la vía pública como de
usuarios del carril bici. Más aún, explica Roque Ferrer, «nuestra responsabilidad
es garantizar el derecho de los peatones a poder disfrutar de un espacio
público libre de obstáculos que permita el tránsito de personas discapacitadas
y carros de bebés. Todos debemos ser conscientes de que el espacio es común y
que se regulará su ocupación».
