El Pleno del Ayuntamiento de Altea ha aprobado esta
mañana por unanimidad una modificación presupuestaria que va a permitir
cancelar de manera anticipada el Préstamo de Legislatura (solicitado a finales
de 2011 por un importe de 1.200.000 euros), gracias a los buenos resultados
económicos del Ejercicio de 2013, que han arrojado un Remanente Positivo de
Tesorería de 200.000 euros.
Así lo ha explicado durante el Pleno el concejal del
Área Económica, Pedro Barber, quien ha detallado que este Remanente va a
permitir cancelar la cantidad correspondiente a 2015 de dicho préstamo (190.000
euros), con lo que la amortización total se llevará a cabo un año antes de lo
previsto ya que, inicialmente, la cancelación iba a efectuarse en junio del año
que viene.
Por otra parte, en la sesión plenaria también se ha
aprobado acogerse a la opción B de la Resolución del 13 de mayo del Ministerio
de Hacienda para modificar las condiciones financieras de operaciones de
crédito a largo plazo (Primer Plan Pago a Proveedores). Este punto ha contado
con los votos a favor del Partido Popular y Cipal, la abstención de Compromís y
el PSPV-PSOE.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Altea se acogió
a este Plan en 2012 por un importe de 14.700.000 euros y, hasta la fecha, el
interés que se estaba pagando por él ascendía al 5,9%. Según ha explicado
Barber, “mediante esta iniciativa, el Ayuntamiento se va a ahorrar 461.000
euros, por la bajada del tipo de interés, a lo largo del periodo del préstamo”.
Y, además, el Consistorio va a solicitar 1 año más de carencia, “lo que
permitirá disminuir el plazo de pago a proveedores, acercándonos a los 30 días
que marca la Ley”, ha señalado Barber.
En este punto, el edil del Área Económica ha hecho
hincapié en que, durante 2014, el Consistorio alteano, ha pagado cerca de
800.000 euros, en concepto de amortización del Préstamo de Legislatura y del
solicitado al Instituto de Crédito Oficial. Cifra a la que también hay que
sumar 600.000 euros que ha tenido que pagar el Ayuntamiento este mismo año, a
raíz de los contenciosos judiciales heredados por el anterior equipo de
gobierno socialista y en cumplimiento de las sentencias correspondientes,
alcanzando ambas cifras el 1,5 millones de euros.
